A partir del 15 de abril, las transferencias electrónicas desde CuentaRUT de BancoEstado hacia otros bancos dejarán de tener costo, eliminando el cobro de $300 por operación que hasta ahora debían pagar los usuarios. La medida impacta directamente en el bolsillo de millones de personas, especialmente trabajadores, beneficiarios de subsidios y pequeños emprendedores que utilizan esta cuenta como principal medio de pago.

El cambio implica que, por ejemplo, quienes realizan transferencias frecuentes —como pagos de arriendo, compras o envío de dinero a familiares— dejarán de pagar este cargo en cada movimiento, generando un ahorro acumulado significativo a fin de mes. Hasta ahora, este cobro se aplicaba cada vez que se transfería dinero a cuentas de otros bancos.

La eliminación del costo se suma a otras operaciones que ya eran gratuitas dentro de BancoEstado, como transferencias entre clientes del mismo banco, giros en CajaVecina y cajeros de la institución, consolidando un sistema de uso más accesible para los usuarios.

Con este cambio, CuentaRUT se posiciona como una de las cuentas más económicas del sistema financiero, facilitando el uso de medios digitales y reduciendo barreras para quienes dependen de este instrumento en su vida diaria.

Pescadores Industriales del Biobío apuntan a productos vendidos en supermercados, incluyendo marcas reconocidas y de retail, lo que amplifica el impacto en los hogares.

La asociación gremial Pescadores Industriales del Biobío presentó una denuncia ante la Seremi de Salud Metropolitana contra cinco marcas por la comercialización de “falso jurel chino”, es decir, productos importados desde China que se venden como jurel, pero que en realidad corresponderían a caballa.

Las marcas involucradas son San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deyco y Misol, todas con presencia en supermercados y canales de venta masiva a lo largo del país, lo que aumenta la preocupación por el alcance que podría tener este eventual engaño en los consumidores.

Desde el gremio advirtieron que este tipo de casos no es aislado. En denuncias anteriores ya se detectaron situaciones similares que involucraron marcas ampliamente reconocidas por los consumidores, como Acuenta —marca propia de Supermercados Líder, perteneciente a Walmart y con presencia a nivel nacional— además de otras líneas de alto consumo.

Según los antecedentes presentados, la denuncia actual se basa en cinco estudios del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, los que confirmaron mediante análisis molecular que los productos etiquetados como jurel (Trachurus murphyi) contienen caballa (Scomber spp.).

A raíz de estos resultados, el gremio solicitó iniciar un sumario sanitario, retirar los productos del mercado para su reetiquetado y aplicar sanciones por eventuales infracciones al Reglamento Sanitario de los Alimentos.

La presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, advirtió que el principal problema es el engaño directo a las personas.

“Las personas compran un producto esperando una cosa y reciben otra. Se vulnera el derecho básico a elegir informado, porque la etiqueta no refleja el contenido real”, afirmó.

Además, subrayó que el impacto es mayor justamente porque se trata de productos de consumo cotidiano.

“No estamos hablando de nichos pequeños, sino de alimentos presentes en la mesa de miles de familias. Por eso esto es especialmente grave”, enfatizó.

El gremio también alertó que este fenómeno forma parte de un problema global. Según la FAO, cerca del 20% del comercio mundial de productos del mar presenta irregularidades como sustitución de especies, etiquetado engañoso o falsificación de origen.

Ante este escenario, hicieron un llamado a reforzar la fiscalización y mejorar la trazabilidad de los productos importados, especialmente desde China, para evitar que este tipo de situaciones se repita.

Asimismo, recomendaron a los consumidores revisar el origen de los productos y preferir aquellos que indiquen claramente su procedencia, sugiriendo buscar la bandera chilena en los envases.

Finalmente, advirtieron que estos casos no solo afectan a los consumidores, sino que también dañan la confianza en el mercado y contrastan con la reputación del jurel chileno, reconocido internacionalmente por sus estándares de calidad y sostenibilidad.

Un preocupante escenario ambiental enfrenta la Región de Aysén luego que el Informe Anual de Calidad del Aire 2025 de IQAir posicionara a Coyhaique y Cochrane entre las ciudades con mayores niveles de contaminación por material particulado fino (MP2.5) en América Latina y el Caribe.

El reporte reveló además que Coyhaique se ubica como una de las ciudades más contaminadas de la región, alcanzando niveles que superan entre 7 y 10 veces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que en Cochrane estas cifras exceden entre 5 y 7 veces los estándares internacionales.

A nivel país, Chile se posicionó en el lugar 54 entre 143 naciones analizadas, evidenciando un retroceso en comparación al año anterior en materia de calidad del aire.

Desde Greenpeace, la experta en Clima y Ecosistemas, Silvana Espinosa, advirtió que esta situación representa un riesgo directo para la salud de la población, especialmente en zonas del sur donde factores como la quema de leña para calefacción y cocina, el transporte y los incendios forestales inciden directamente en la contaminación.

Pese a este complejo panorama, el informe también destaca que Chile cuenta con una de las redes de monitoreo de calidad del aire más robustas de América Latina, con 72 estaciones operativas en el país.

Asimismo, desde la organización ambiental cuestionaron decisiones recientes en materia de políticas públicas, advirtiendo que podrían debilitar los instrumentos de gestión ambiental y agravar el problema en el tiempo.

A nivel global, solo el 14% de las ciudades cumplen con las directrices de la OMS, en un contexto donde los incendios forestales —impulsados por el cambio climático— han intensificado la crisis de contaminación atmosférica.

La compañía aumentará el descuento por litro desde los $50 a un rango que irá entre $100 y $300 por litro. Además, la promoción estará disponible para todos los clientes, incluso para quienes ya hayan utilizado sus dos cargas mensuales.

Frente al alza histórica en el precio de los combustibles que se registrará esta semana, Tenpo anunció un refuerzo excepcional de sus beneficios para aliviar el bolsillo de sus usuarios.

Este viernes 27 de marzo, de manera extraordinaria, la compañía aumentará sus devoluciones por carga de combustible, ofreciendo descuentos que irán desde los $100 hasta los $300 por litro.

A diferencia de la promoción habitual, que ofrece devoluciones desde los $50 por litro, esta medida busca responder directamente al impacto del presupuesto familiar. Las principales novedades de esta jornada especial son:

● Aumento del beneficio: Devoluciones de entre $100 y $300 por litro (abonados en Tenpesos).

● Acceso universal: La promoción estará disponible para todos los clientes Tenpo, incluso para aquellos que ya hayan utilizado las dos cargas mensuales permitidas en el beneficio estándar.

● Tope de devolución: Se establece un máximo de $4.000 por cliente.

● Amplia cobertura: El beneficio es válido al pagar a través de las principales aplicaciones de carga del país: App Copec, Mi Copiloto (Shell), y App Aramco.

En Tenpo estamos muy atentos al impacto que el alza de los combustibles tiene en el presupuesto de las personas. Nuestro objetivo es entregar un alivio concreto en gastos que impactan directamente el día a día. Por eso decidimos reforzar este beneficio para que sea simple, directo y fácil de aprovechar, sin importar dónde elija cargar bencina cada cliente.

Tenpo fue fundada en 2020 y cuenta con el respaldo del grupo Credicorp. La empresa tiene más de 2,5 millones de clientes y en enero de 2026 obtuvo la licencia bancaria, convirtiéndose en el primer neobanco de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que un sistema frontal afectará este lunes 23 de marzo a la Región de Aysén, con lluvias y fuertes rachas de viento en distintos puntos del territorio.

Según el pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h en Melinka, mientras que en Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Balmaceda y Caleta Tortel se esperan vientos de hasta 70 km/h. En tanto, en Coyhaique y Chile Chico las rachas llegarían a los 60 km/h.

Asimismo, se prevén precipitaciones en diversas localidades, mientras que en sectores como Puerto Ingeniero Ibáñez, Cochrane y Villa O’Higgins se registrarán lluvias sin presencia significativa de viento.

Las autoridades llaman a la comunidad a adoptar medidas preventivas ante posibles afectaciones, especialmente por la intensidad del viento en zonas costeras e insulares.

Un grave caso de violencia intrafamiliar mantiene en alerta a la comuna de Cochrane, luego que la Fiscalía formalizara a un imputado por el delito de femicidio frustrado, tras un violento hecho ocurrido el pasado sábado 14 de marzo.

El sujeto, que se mantenía prófugo, fue finalmente detenido el jueves por personal de Carabineros de la Cuarta Comisaría, dando paso a su control de detención ante el Tribunal de Garantía de Cochrane.

La Fiscal Jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva Cabezas, explicó que el imputado era requerido por la justicia por su participación en hechos de extrema gravedad.

“El día de ayer, ante el Tribunal de Garantía de Cochrane, se llevó a cabo la audiencia de control de la detención de un imputado, en contra de quien se había despachado una orden de detención por la responsabilidad que le cabía en hechos ocurridos en un contexto de violencia intrafamiliar el pasado sábado 14 de marzo del presente año”, señaló.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formalizó al sujeto por femicidio en grado de frustrado, una de las figuras penales más graves dentro de este tipo de delitos.

“En esta oportunidad, el Ministerio Público formalizó por un delito de femicidio en grado de desarrollo de frustrado y solicitó la prisión preventiva del imputado por entender que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad”, agregó la fiscal.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, decretando la prisión preventiva del imputado mientras se desarrolla la investigación, la cual tendrá un plazo de 70 días.

El caso vuelve a poner en el centro la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de la rápida acción policial para evitar consecuencias fatales en este tipo de situaciones.

El tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y ratificó la sentencia contra el acusado, quien atacó a la víctima con un arma blanca en 2021.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la condena de 6 años de presidio efectivo en contra de Pablo Esteban Lagos Núñez, declarado autor del delito de homicidio frustrado, cometido en mayo de 2021 en la comuna de Puerto Cisnes, Región de Aysén.

En fallo unánime (causa rol 332-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Pedro Castro, el fiscal judicial Juan Patricio Silva y el abogado (i) Marcos Gallegos– rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, descartando la existencia de vicios en la sentencia dictada previamente.

“Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que el Tribunal (…) aplicó en forma correcta el derecho penal y no se denota vicio que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, consigna la resolución.

De esta manera, el tribunal resolvió mantener la sentencia dictada el 31 de julio de 2023, estableciendo que “se declara sin lugar y se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad”, confirmando tanto el fallo como el juicio en que fue dictado.

Los hechos se remontan a la madrugada del 16 de mayo de 2021, cuando al interior de un domicilio en Puerto Cisnes, el condenado atacó a la víctima con un arma blanca, propinándole tres heridas en zonas torácica, lumbar y abdominal.

Las lesiones fueron calificadas como graves y, según estableció el tribunal, de no mediar atención médica oportuna, habrían provocado la muerte de la víctima.

Con esta resolución, la Corte de Coyhaique deja firme la condena, cerrando una etapa judicial del caso y ratificando la responsabilidad penal del acusado por un delito de alta gravedad ocurrido en la Región de Aysén.

Un contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó sin efecto la desvinculación de un docente en la Región de Aysén, ordenando su inmediata reincorporación tras establecer que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) actuó de manera ilegal y vulneró derechos constitucionales.

En decisión dividida (causa rol 26-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza, José Ignacio Mora Trujillo y Luis Aedo Mora– acogió el recurso de protección presentado por el profesor Víctor Hugo Bravo Vargas, ordenando la renovación de su contrata para el año académico 2026.

El fallo apunta directamente al actuar del SLEP Aysén, señalando que la no renovación del contrato fue arbitraria y vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, al no existir una fundamentación adecuada en comparación con otros funcionarios en la misma situación.

“Se infringe el derecho a la igualdad ante la ley (…) al ser discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados contrata”, sostiene la resolución, que además advierte una grave afectación al derecho de propiedad del docente.

El tribunal también estableció que el profesor cumplía funciones de manera continua por más de ocho años —primero bajo la Municipalidad de Coyhaique y luego bajo el SLEP—, lo que configura el principio de confianza legítima, reforzando su derecho a la continuidad laboral.

En esa línea, la sentencia fue categórica al señalar que la decisión del servicio lo privó de forma ilegítima de sus remuneraciones. “Se ha vulnerado el derecho de propiedad (…) desde que priva de manera ilegítima a la recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho”, indica el fallo.

Con estos antecedentes, la Corte ordenó dejar sin efecto las resoluciones emitidas en diciembre de 2025 por el director ejecutivo del SLEP Aysén, Sebastián González Rogers, y dispuso la renovación inmediata de la contrata del docente, con sus respectivas horas y funciones para el año académico 2026.

La decisión no fue unánime y contó con el voto en contra del ministro Luis Aedo Mora.

El fallo marca un precedente relevante en materia laboral dentro del sistema de educación pública, al reforzar el principio de confianza legítima y la obligación de los servicios de fundamentar adecuadamente sus decisiones administrativas.

Imputado de 82 años era buscado desde 2023 por delitos sexuales contra una menor de 14 años. Tras su detención por Carabineros en Chile Chico, el tribunal decretó prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad y riesgo de fuga.

Un hombre de 82 años que permanecía prófugo de la justicia desde 2023 fue finalmente detenido por personal de Carabineros en la comuna de Chile Chico, en la Región de Aysén, tras una búsqueda impulsada por el Ministerio Público.

La captura permitió que el Juzgado de Garantía de Chile Chico realizara el control de detención, luego de que el imputado fuera acusado por la Fiscalía como autor del delito de abuso sexual reiterado infantil en contra de su propia bisnieta.

Según explicó la Fiscal Jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva, el sujeto era intensamente buscado por la justicia desde que se presentaron los cargos en su contra.

“El 12 de marzo del año 2026, personal de Carabineros de la Tercera Comisaría de Chile Chico logró ubicar a un imputado de 82 años de edad, quien se mantenía prófugo desde el año 2023, luego de que el Ministerio Público lo acusara como autor del delito de abuso sexual reiterado infantil en contra de su bisnieta, quien en la época de los hechos era menor de 14 años de edad”, detalló la persecutora.

Tras su captura, el Ministerio Público solicitó que el imputado quedara en prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal.

La fiscal Leiva explicó que el tribunal consideró que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, además de existir riesgo de fuga, razones por las cuales se decretó la medida cautelar más gravosa.

“En razón de ello, el día de hoy fue controlada su detención, oportunidad en la que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, accediéndose a dicha solicitud por parte del Tribunal, entendiendo que existía un peligro para la seguridad de la sociedad en la libertad del imputado, así como también un peligro de fuga”, señaló.

La persecutora agregó que el tribunal fijó una fecha próxima para la preparación del juicio oral, etapa clave donde se revisarán los antecedentes antes de iniciar el juicio definitivo.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Local de Chile Chico, mientras el imputado permanecerá privado de libertad a la espera de las próximas etapas del proceso judicial.

El Ministerio Público solicitó una nueva audiencia para precisar el monto total del perjuicio fiscal en una causa que investiga un presunto mecanismo fraudulento mediante la contratación de una asesora parlamentaria que, según la Fiscalía, nunca prestó servicios.

Un nuevo capítulo suma la investigación por presunto fraude al Fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto Águila, luego que la Fiscalía Regional de Aysén solicitara al Juzgado de Garantía de Coyhaique una audiencia para reformalizar la causa.

La diligencia judicial fue fijada para el 21 de abril a las 09:00 horas y tiene como objetivo precisar el monto total del perjuicio fiscal en la investigación que también involucra a Roland Andrés Cárcamo Catalán y Carla Nicole Graff Toledo, entre otros imputados.

Según los antecedentes expuestos por el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, durante la audiencia de formalización realizada el 14 de enero, los hechos investigados se habrían desarrollado entre los años 2018 y 2022, cuando Miguel Ángel Calisto ejercía como diputado.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese período el entonces parlamentario se habría concertado con los otros imputados para obtener recursos de manera fraudulenta desde el Fisco, mediante un mecanismo que habría provocado un perjuicio al Congreso Nacional estimado en $103.664.697, cifra establecida preliminarmente a partir de peritajes.

El supuesto mecanismo consistía en la contratación de Carla Graff como asesora parlamentaria, gestión que habría sido realizada por instrucciones del entonces diputado Calisto ante la Cámara de Diputados.

Según lo expuesto por el Ministerio Público en la audiencia, la asesora habría sido contratada a sabiendas de que no cumpliría ninguna de las funciones para las que fue designada, recibiendo durante años remuneraciones provenientes del Fisco sin realizar labores efectivas.

De acuerdo con la investigación, los dineros percibidos por Carla Graff habrían sido utilizados en beneficio personal de Roland Cárcamo Catalán, del propio diputado Miguel Ángel Calisto y de terceras personas vinculadas a un partido político.

Entre esas personas se menciona al imputado Felipe Klein Vidal, quien en ese período participó como candidato a Gobernador Regional y a consejero regional de Aysén.

Las diligencias investigativas de esta causa han sido desarrolladas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

Agrupan nuevas investigaciones por fraude

La Fiscalía también resolvió agrupar esta causa con otras dos investigaciones por fraude al Fisco, donde actualmente hay cinco personas formalizadas, incluyendo a dos imputados del caso original.

Según el Ministerio Público, estas causas presentan similitudes en el modo de operar, ya que los imputados habrían obtenido recursos a través de proyectos financiados con fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

En esta arista se investigan cuatro proyectos presuntamente fraudulentos, mediante los cuales se habrían recibido más de 32 millones de pesos provenientes del Gobierno Regional.

Además, el 1 de abril se realizará una audiencia para formalizar a una sexta imputada vinculada a estos hechos.

Actualmente, Roland Cárcamo Catalán se encuentra en prisión preventiva desde el 6 de febrero, luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogiera una apelación presentada por el Ministerio Público.

En tanto, Carla Graff Toledo permanece con arresto domiciliario total mientras avanza la investigación.

Finalmente, tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones de Coyhaique ya declararon haber lugar a la formación de causa respecto de los actos realizados por Miguel Ángel Calisto cuando ejercía como diputado, por hechos que, a juicio de la Fiscalía, configurarían delitos reiterados de fraude al Fisco ocurridos entre 2018 y 2022.