Parlamentarios del PNL, PDG, PCCh, Republicanos, RN y Evópoli criticaron las declaraciones del presidente del PC sobre las protestas anunciadas en medio del debate presupuestario y llamaron a privilegiar la discusión institucional.

Los diputados Germán Verdugo (PNL), Patricio Briones (PDG), Francesca Muñoz (PCCh), Macarena Santelices (REP), Francisco Orrego (RN) y Tomás Kast (Evópoli) reaccionaron a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien vinculó las próximas movilizaciones de funcionarios de la salud y estudiantes con la discusión de la Ley de Presupuestos. Carmona sostuvo que salud y educación son “derechos sociales de primer orden” y justificó las convocatorias ante eventuales reducciones de recursos.

Verdugo señaló que “Como integrante de la Comisión de Educación, entendemos que los estudiantes están en todo su derecho a manifestarse y expresar sus posturas. Sin embargo, lamentamos profundamente que estas se convoquen sin tener conocimiento de la propuesta que el Gobierno presentará ante el Congreso en materia presupuestaria y que las mismas terminen, de manera reiterada, en hechos de violencia y destrucción del mobiliario público, afectando a los mismos ciudadanos que dicen defender. Hoy enfrentamos un escenario de estrechez fiscal severo, donde cada peso cuenta. Debemos ser extremadamente responsables con el presupuesto nacional, porque los recursos de todos los chilenos deben resguardarse y utilizarse de manera eficiente, no destinarse a reparar los daños de la violencia en las calles”. Por su parte, Briones afirmó que “Creo que el presidente del Partido Comunista se equivoca cuando da por sentada la necesidad de movilizarse antes de que termine una discusión que recién tiene que darse en el Congreso. Carmona puede tener una posición sobre el Presupuesto, pero quienes terminan pagando los costos cuando una movilización afecta el funcionamiento de una ciudad son el trabajador, el comerciante, el paciente y el chileno de a pie. Las demandas en salud y educación son importantes, pero también tenemos que exigir responsabilidad a quienes tienen liderazgo político. La gente necesita soluciones concretas, no que cada diferencia política termine trasladándose a la calle”.

La diputada Francesca Muñoz (PCCh) cuestionó lo que considera un doble estándar del Partido Comunista respecto de las movilizaciones. “Hay que recordar que durante el gobierno del Presidente Boric la tasa de desempleo en la Región del Biobío llegó a casi el 10% y las listas de espera en salud no tuvieron ningún avance. Y en ese momento el Partido Comunista no decía nada. Hoy se les nota demasiado el doble estándar, porque ahora sí respaldan movilizaciones. Ese es precisamente el tipo de política que Chile tiene que dejar atrás. Si el señor Carmona tiene diferencias con el Gobierno, que las plantee con argumentos y con propuestas, pero que no utilice las legítimas preocupaciones de estudiantes y trabajadores para profundizar la confrontación. Los chilenos necesitan seguridad, crecimiento económico, trabajo y soluciones concretas. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las propuestas del Partido Comunista en materia de seguridad y crecimiento económico?”. Durante el último tramo del gobierno de Boric, la tasa de desocupación del Biobío llegó a 9,7% en el trimestre noviembre de 2025-enero de 2026. En tanto, Santelices sostuvo que “Me parece preocupante que Lautaro Carmona vuelva a validar la movilización como primera respuesta frente a una discusión política que debe resolverse en democracia. Nadie está cuestionando una manifestación pacífica, pero quienes tienen responsabilidades políticas también deben hacerse cargo de las señales que entregan. Chile ya vivió las consecuencias de relativizar la violencia y no podemos volver a aceptar que detrás de demandas legítimas se terminen justificando desórdenes, destrucción o ataques contra bienes que pertenecen a todos los chilenos”.

Orrego planteó que “Lautaro Carmona confunde dos cosas distintas: una es defender el legítimo derecho a manifestarse y otra es instalar la calle como mecanismo de presión frente a una discusión que corresponde resolver institucionalmente. El Presupuesto se debate en el Congreso, con antecedentes, cifras y votaciones. Quienes convocan o respaldan manifestaciones tienen también la responsabilidad de promover que se desarrollen pacíficamente y de condenar sin ambigüedades cualquier hecho de violencia. La democracia funciona cuando respetamos tanto el derecho a protestar como el derecho de los demás a trabajar, circular y vivir tranquilos”.

Finalmente, Tomás Kast vinculó la discusión con el proyecto presentado en junio que regula la responsabilidad de organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas y contempla normas respecto de daños a bienes públicos o privados. La iniciativa, correspondiente al boletín 18.397-07, continúa en tramitación en la Cámara. “Precisamente situaciones como estas muestran por qué presentamos nuestro proyecto para establecer reglas claras respecto de la responsabilidad de quienes organizan, convocan y promueven manifestaciones. La iniciativa no busca limitar el derecho a manifestarse pacíficamente, sino establecer deberes preventivos y mecanismos de responsabilidad cuando se producen daños a bienes públicos o privados. Si alguien convoca responsablemente, adopta medidas para prevenir hechos de violencia y colabora para identificar a quienes provocan destrozos, el propio proyecto contempla resguardos. El objetivo es compatibilizar el derecho a manifestarse con el derecho de todos los ciudadanos a no terminar pagando las consecuencias de la violencia”.

Por David Burrieza, director de Mercados de Energía, Telco e Industria para Perú y Cono Sur en Minsait

América Latina y Chile están avanzando hacia una mayor digitalización de sus redes eléctricas. La incorporación de nuevas tecnologías en la medición del consumo abre una oportunidad para transformar la relación entre las distribuidoras, las redes y los usuarios. Pero hay una pregunta que debiéramos hacernos antes de concentrar toda la atención en la instalación de nuevos dispositivos: ¿qué haremos con toda la información que esos medidores serán capaces de generar?

La conversación sobre medición inteligente suele concentrarse en el medidor. Es comprensible: es el elemento visible de esta transformación y el que se encuentra directamente con el usuario. Sin embargo, instalar un dispositivo capaz de transmitir información de manera remota es apenas el primer paso.

Un medidor inteligente puede entregar lecturas de consumo, registrar eventos, generar alarmas y reportar interrupciones del suministro. Si esa capacidad se multiplica por cientos de miles o millones de clientes, el resultado es un volumen de información que debe ser capturado, validado, procesado y puesto a disposición de los sistemas y personas que necesitan utilizarlo.

Ahí comienza el verdadero desafío. La medición inteligente no consiste únicamente en obtener más datos, sino en conseguir que esos datos tengan calidad y puedan transformarse en información útil. Si no se validan, integran o distribuyen correctamente hacia los sistemas comerciales y operativos, buena parte del potencial de esta tecnología puede perderse.

La experiencia internacional muestra que una adecuada gestión de la información puede generar beneficios concretos. El desarrollo de proyectos de Smart Metering, ha comprobado que, dependiendo de las características de cada operación, una correcta gestión de los datos puede contribuir a reducir pérdidas técnicas y no técnicas, disminuir los costos asociados a la lectura manual y mejorar los procesos vinculados a la facturación.

Para conseguirlo, no basta con el medidor. Se requiere una arquitectura tecnológica capaz de gestionar millones de registros, identificar inconsistencias, integrar distintas fuentes de información y entregar datos confiables a las áreas que deben tomar decisiones. En ese ecosistema cumplen un papel relevante tecnologías como los sistemas de gestión de datos de medición (MDM), las plataformas de recolección de información (MDC) y las herramientas de analítica.

Cuando estas capacidades funcionan de manera integrada, las distribuidoras pueden pasar de una gestión principalmente reactiva a una más anticipatoria. La información permite conocer mejor los patrones de consumo, identificar comportamientos anómalos, detectar pérdidas con mayor rapidez, optimizar la planificación de las redes y mejorar la respuesta frente a interrupciones.

También abre nuevas posibilidades para los usuarios. Una medición más frecuente y precisa puede entregarles mayor información sobre sus propios patrones de consumo y, con ello, facilitar decisiones relacionadas con eficiencia energética, gestión de la demanda y uso responsable de la electricidad.

Chile tiene una oportunidad relevante en este proceso. La discusión sobre la modernización de las redes no debiera limitarse a cuántos medidores inteligentes se instalan, sino también a qué capacidades se desarrollan para aprovechar la información que esos dispositivos producirán todos los días.

Después de más de 25 años desarrollando proyectos de Smart Metering y gestionando más de 20 millones de medidores inteligentes en Europa y América Latina, hemos comprobado que la transformación digital de las redes eléctricas no comienza cuando se instala el primer medidor, sino cuando las empresas aprenden a convertir millones de datos en mejores decisiones.

El desafío para Chile, entonces, no es solamente tener medidores más inteligentes. Es construir una infraestructura de datos capaz de hacer que esa inteligencia se traduzca en una red eléctrica más eficiente, más informada y preparada para las necesidades del futuro.

Reducir los tiempos de aprobación regulatoria, fomentar la confianza entre instituciones y acelerar la adopción de biosimilares: así describen especialistas, autoridades y organizaciones de pacientes el camino para sostener y expandir el acceso a tratamientos en un contexto de estrechez fiscal.

En un escenario marcado por crecientes desafíos para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los pacientes, y en medio de mayores restricciones presupuestarias, el Capítulo Chileno de ISPOR realizó el encuentro científico “Transformando el acceso a medicamentos mediante confianza regulatoria”. La jornada reunió a diversos actores del ecosistema sanitario para abordar una pregunta clave: cómo acelerar el acceso a medicamentos, particularmente a los biosimilares, cuya adopción representa una oportunidad concreta para ampliar las alternativas terapéuticas, promover la competencia y facilitar que más personas accedan oportunamente a tratamientos.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo para ampliar la disponibilidad de terapias que contribuyan tanto a la sostenibilidad del sistema sanitario como a la continuidad de la atención de los pacientes, respondiendo a necesidades aún no cubiertas mediante un uso responsable de los recursos públicos.

El acceso a medicamentos de buena calidad es un tema que debe considerar el aspecto financiero y regulatorio, planteó César Oyarzo, director de Fonasa. “En el ámbito económico, el acceso depende fundamentalmente de la capacidad que tiene hoy el Estado de entregar medicamentos de alto costo a través de sus distintas regulaciones y en el aspecto regulatorio, es esencial contar hoy con una estructura de autorizaciones que aumente la posibilidad de disponer de medicamentos alternativos como los biosimilares; esto constituye un elemento central para aumentar el acceso de los chilenos a medicamentos”.

Rony Lenz, Past president de ISPOR Chile y director de Postgrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, moderó el encuentro y destacó la relevancia de avanzar hacia una mayor penetración de medicamentos biosimilares, especialmente en el contexto económico actual. “Si bien el sector salud tendrá un crecimiento superior al PIB hay una situación de estrechez en el país y necesitamos generar ahorros que permitan seguir expandiendo el acceso de pacientes a coberturas debido a la tendencia creciente en diagnósticos de cáncer, así como de enfermedades derivadas del envejecimiento de la población”, explicó.

En esa línea, Jorge Canales, jefe del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) del Instituto de Salud Pública (ISP) sostuvo que uno de los principales desafíos es la coordinación entre los distintos actores involucrados en el acceso a medicamentos, desde las entidades regulatorias responsables del registro sanitario hasta quienes diseñan e implementan políticas públicas orientadas a evaluar y maximizar el impacto de estas terapias en la población. “Mientras no se establezcan normas sobre los productos disponibles para prescripción, un biosimilar será aprobado regulatoriamente y tendrá calidad garantizada, pero no habrá un impacto real hasta que no haya una prescripción de ese producto por una política pública”.

La actividad fue desarrollada con el apoyo de Sandoz y Abbott y convocó a autoridades, asociaciones de pacientes, representantes del sector salud, la academia y la industria.

Confianza regulatoria

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis del valor de la confianza regulatoria como herramienta para la aprobación de medicamentos. Este enfoque puede contribuir a optimizar procesos, fortalecer capacidades institucionales y reducir los tiempos de evaluación, sin comprometer el rigor técnico necesario para la obtención del registro sanitario.

En este contexto, Thomas Kirchlechner, miembro del Comité de Biosimilares de la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (IGBA) y director de Asuntos Regulatorios de Sandoz Global, sostuvo que “hoy estamos en un momento clave para fortalecer la confianza regulatoria como un mecanismo facilitador de acceso a biosimilares. Es necesario abordar en Chile iniciativas como la simplificación (streamline) de requisitos para el desarrollo de biosimilares, que está siendo parte de las agendas de las agencias regulatorias más reconocidas como la EMA, FDA y Reino Unido. Con ello, se reducen los tiempos de aprobación regulatoria, manteniendo la confianza en las aprobaciones para que los medicamentos estén disponibles en los mercados anticipadamente y puedan ser una opción oportuna para los pacientes”.

Desde la perspectiva de los pacientes, Francisco Vidangossy, presidente de CancerVida, subrayó la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar en la educación de los distintos actores involucrados. “Si existe una brecha financiera, ¿por qué no incorporar la tecnología que ofrecen los biosimilares si es más económica y apoyar ese financiamiento? Junto con ello, es relevante informar al paciente cuando inicia un tratamiento o si se realiza un cambio (switch) a biosimilar y el sistema público tendrá también que educar al médico, para informar que el país dispone de estas terapias, considerando que las instituciones ya garantizaron que son de calidad, seguras y eficaces”, afirmó.

Otra de las reflexiones fue respecto del impacto que pueden generar las decisiones públicas en el acceso a tratamientos. Héctor Hernández, jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios de Cenabast, destacó que “el año pasado la entidad generó un menor gasto por 860 millones de dólares, que se destinarán a nuevas prestaciones de salud y la adquisición de una mayor cantidad de medicamentos para las personas. En ello, la sociedad civil es clave, junto al Ministerio de Salud, Fonasa, el ISP y los centros asistenciales porque es un trabajo colaborativo”.

La instancia concluyó con un llamado a seguir avanzando hacia políticas públicas y estrategias sanitarias que favorezcan una adopción más ágil de nuevas terapias y en un contexto que exige soluciones colaborativas, eficientes y de alto impacto sanitario.

Un informe de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) sobre trámites asociados a la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) dio paso a un trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyos acuerdos fueron implementados y recogidos en una nueva circular emitida por el SII.

Santiago, Septiembre 2026. Tras un Informe Técnico de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) sobre la tramitación de la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) accedió a hacer correcciones y mejoras al proceso administrativo a través de una circular que establece nuevos lineamientos normativos.

Las observaciones de la DEDECON respecto a las RAF estaban basadas, principalmente, en la exigencia por parte del SII de requisitos adicionales a los legales para la admisibilidad de este proceso administrativo, afectando los derechos de los contribuyentes.

Entre ellos se encontraban criterios como exigir que el error o vicio fuese atribuible únicamente al SII o considerar que la revisión solicitada por el contribuyente no podía implicar una denominada “nueva auditoría”. Estos criterios, que fueron variando durante el 2025, podían constituir una barrera para que los contribuyentes pudieran acceder fácilmente a este procedimiento de impugnación tributaria.

La nueva circular del SII establece expresamente que estas circunstancias no pueden utilizarse, por sí solas, para declarar inadmisible una solicitud administrativa realizada por un contribuyente. En particular, las nuevas instrucciones señalan que la inadmisibilidad no podrá fundarse en que la constatación del error requiera revisar un número importante de antecedentes, que estos debieron haber sido aportados en etapas anteriores o que el eventual vicio tenga su origen en una actuación del propio contribuyente.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, valoró la publicación de una nueva circular por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto a un tema “que es tan importante para los contribuyentes. Esta medida permite actualizar normativas, reducir procedimientos y, en definitiva, facilitarles la vida tributaria a muchos contribuyentes. El trabajo de la DEDECON también está para observar qué aspectos del sistema tributario son necesario mejorar, pensando siempre en resguardar los derechos de las personas y las empresas”.

Trabajo conjunto entre DEDECON y SII

Este avance se enmarca en los compromisos asumidos entre ambas instituciones. El 28 de noviembre de 2025, el SII acordó con la Defensoría actualizar, armonizar y consolidar las instrucciones relativas a los procedimientos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) y Recurso Jerárquico.

El compromiso quedó establecido en el Acta de Acuerdos N°9, suscrita entre el Defensor Nacional del Contribuyente y el SII, donde se identificó entre las problemáticas levantadas por la DEDECON la imposición de cargas procesales no establecidas en la ley para la corrección de vicios o errores manifiestos.

Posteriormente, la Defensoría participó en el proceso de elaboración de las nuevas instrucciones, formulando observaciones durante la consulta pública y mediante distintas minutas y oficios remitidos al SII.

Informes que pueden generar cambios

Para la Defensoría del Contribuyente, este resultado constituye también un ejemplo concreto del impacto que pueden generar sus informes sistémicos. Estos instrumentos permiten identificar dificultades que trascienden un caso particular, analizar sus efectos sobre los contribuyentes y proponer modificaciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento del sistema tributario.

“Este es un buen ejemplo de cómo una problemática que detectamos a partir de la experiencia de los contribuyentes puede transformarse en una mejora concreta del sistema. Nuestro informe permitió advertir que se estaban incorporando exigencias adicionales para acceder a la RAF y hoy vemos que las nuevas instrucciones del SII recogen una parte importante de esas observaciones y eliminan criterios que podían limitar el acceso de los contribuyentes a este procedimiento”, señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

Finalmente, Ricardo Pizarro señaló que la DEDECON continuará realizando seguimiento a la implementación de las nuevas instrucciones y promoviendo mejoras que permitan que los procedimientos administrativos de impugnación sean más claros, accesibles y respetuosos de los derechos de los contribuyentes.

Con la llegada de la primavera, la mayor presencia de alérgenos ambientales puede intensificar los signos de dermatitis atópica en perros

MSD Salud Animal presenta en Chile NUMELVI® (Atinvicitinib), el primer inhibidor de Janus Quinasa (JAK) de segunda generación, de administración diaria, aprobado para el manejo de estas afecciones

Rascado persistente, lamido excesivo, irritación de la piel y pérdida localizada de pelo son algunas de las señales que pueden alertar sobre un cuadro de dermatitis alérgica o atópica en perros. Durante la primavera, estos signos pueden intensificarse debido a la mayor carga de alérgenos ambientales, aumentando también las consultas veterinarias asociadas a problemas dermatológicos.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Veterinary Medicine, se estima que entre un 3% y un 15% de los perros pueden desarrollar dermatitis atópica en algún momento de su vida1. La genética también influye en su aparición y, entre las razas que presentan con mayor frecuencia estos cuadros en el país, se encuentran el Bulldog Francés, West Highland White Terrier, Labrador Retriever y Pastor Alemán.

MSD Salud Animal presenta oficialmente en Chile NUMELVI® (Atinvicitinib), el primer inhibidor de Janus Quinasa (JAK) de segunda generación, de administración diaria, aprobado para el manejo del prurito y la inflamación de la piel asociados a la dermatitis alérgica en perros, incluida la dermatitis atópica.

La nueva alternativa posee una selectividad más de 10 veces superior en comparación con moléculas de primera generación, lo que le permite actuar sobre los mecanismos vinculados con la inflamación y la comezón, con un impacto mínimo en otras funciones del organismo. Estudios clínicos muestran que comienza a actuar entre dos y cuatro horas después de su administración y mantiene una respuesta sostenida mediante una toma diaria. Además, se ha comprobado que no interfiere con la respuesta inmunológica a vacunas esenciales. El tratamiento puede utilizarse en perros desde los seis meses de edad y a partir de los dos kilos.

"Para el Médico Veterinario, disponer de una herramienta que permite controlar rápidamente los signos clínicos del prurito significa poder devolverle antes el bienestar al perro y aliviar la ansiedad de la familia que lo acompaña. Ese es el verdadero valor de esta innovación en la consulta diaria", señala el Dr. Yon Alesander Palacio, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Chile.

Una enfermedad crónica que requiere manejoDentro de los diferentes tipos de dermatitis alérgicas está la dermatitis atópica, la cual no tiene cura, pero un manejo adecuado permite mantener sus signos bajo control y mejorar de forma significativa la calidad de vida del animal. Al tratarse de una condición que puede ser crónica, el tratamiento suele ser continuo o de largo plazo y no debe suspenderse sin consultar previamente a un profesional, ya que esto puede provocar recaídas. Una disminución del rascado, un mejor descanso, una piel menos inflamada y un comportamiento más tranquilo son algunos de los signos que permiten observar la respuesta del perro al tratamiento.

La enfermedad se produce por una reacción exagerada del sistema inmune y suele manifestarse mediante picazón intensa y persistente, enrojecimiento e irritación de la piel, manchas de saliva producto del lamido excesivo, pérdida localizada de pelo y piel engrosada u oscura.

Sus consecuencias también pueden afectar el bienestar general del perro: el daño de la barrera cutánea y el prurito persistente pueden interferir con su descanso y generar cambios de conducta, impactando además a la familia que convive con el animal.

¿Qué pueden hacer los tutores?Aunque la dermatitis atópica no puede evitarse por completo, existen medidas que pueden ayudar a prevenir y controlar sus brotes. Entre ellas se encuentran el uso de champús hipoalergénicos que ayuden a reforzar la barrera cutánea y evitar la entrada de alérgenos; reducir la presencia de polvo, el uso de suplementos con ácidos grasos esenciales y/o dietas adicionadas con fórmulas ricas en estos, así como ácaros y moho en el hogar; mantener a los animales protegidos y desparasitados contra pulgas y garrapatas; y procurar un ambiente tranquilo para evitar que el estrés agrave los signos.

Frente a señales como rascado excesivo, lamido de patas o cambios visibles en la piel, la recomendación es acudir oportunamente a una consulta veterinaria para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

"Ser la primera compañía en traer a Chile un inhibidor de JAK de segunda generación exclusivo para perros reafirma nuestro compromiso con acercar la innovación científica que desarrollamos a nivel global a los Médicos Veterinarios y las familias del país. Este lanzamiento se suma a nuestra apuesta permanente por ampliar las alternativas disponibles frente a enfermedades desafiantes como la dermatitis alérgica, incluyendo la dermatitis atópica", afirma Pamela Lepe, Coordinadora de Marketing de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Chile.

En una decisión que respalda la estrategia jurídica de Tesorería, la Corte Suprema revocó tres sentencias previas dictadas por la Corte de Apelaciones de Arica, las cuales habían acogido recursos de protección presentados en contra de Tesorería General de la República (TGR), para frenar las acciones de cobro vinculadas a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En lo específico, en las causas roles 203-2026, 219-2026 y 299-2026, el máximo tribunal determinó rechazar los recursos de protección interpuestos, dejando sin efecto lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Arica. Las acciones de cobro llevadas a cabo por TGR, se realizan mediante el procedimiento ejecutivo contemplado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Con las recientes sentencias de la Corte Suprema, se ratifican de forma contundente las facultades de Tesorería General de la República en esta materia, permitiendo la plena continuidad de las acciones de cobranza por parte del Fisco para la recuperación de las deudas CAE.

Al respecto, el Jefe de la División Jurídica de TGR, Juan Pablo Marras, destacó el impacto de estas resoluciones para el proceso de cobranza, al explicar que "estos fallos ratifican la interpretación legal de Tesorería en esta materia. A su vez, respaldan nuestras facultades para la cobranza judicial de estos créditos fiscales, dejando sin efecto los fallos minoritarios que existían en contra del Servicio. Por tal razón, estimamos que con estas sentencias, la discusión sobre la constitucionalidad y legalidad del actuar de TGR, se zanja de manera definitiva".

Finalmente, Tesorería General de la República reconoce el trabajo profesional del equipo jurídico de la institución, dando cuenta de la consistencia de las acciones de cobranza para el oportuno cumplimiento de la ley, el resguardo del patrimonio fiscal, ejerciendo las facultades que entrega la normativa vigente para garantizar el cobro de las obligaciones tributarias y de crédito fiscal en beneficio de todos los chilenos.

Entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre del presente año, tanto la ciudadanía como las personas, organizaciones y empresas vinculadas al turismo aventura podrán participar en la consulta pública para la actualización de las normas técnicas de estas tres actividades, entregando sus observaciones y aportes.

La Subsecretaría de Turismo, junto a Sernatur y el Instituto Nacional de Normalización (INN), iniciaron el proceso de actualización de tres normas técnicas de turismo aventura asociadas a actividades acuáticas. Como parte de este trabajo, se abrió una consulta pública que permitirá incorporar observaciones tanto de la ciudadanía como de personas, organizaciones y empresas vinculadas al turismo aventura.

Las normas que serán actualizadas corresponden a descenso en balsa o rafting (NCh2991:2006); canotaje (NCh2996:2006); y deslizamiento sobre olas (NCh3023:2006), que incluye surf, bodyboard, kneeboard y actividades similares.

Durante 21 días, entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, las personas interesadas podrán revisar los contenidos propuestos y formular sus observaciones. La convocatoria está dirigida especialmente a prestadores de servicios de turismo aventura, guías, asociaciones gremiales y organizaciones vinculadas a estas actividades, instituciones académicas y técnicas, además de actores públicos y privados con experiencia en las materias consultadas.

La participación en esta instancia es especialmente relevante debido a que parte de los contenidos de estas normas, determinarán exigencias reglamentarias aplicables a los prestadores, especialmente en materias de seguridad, parámetros y obligaciones. Por ello, los aportes recibidos durante esta etapa del proceso serán fundamentales para su actualización.

Al respecto, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que “la actualización de estas normas es muy relevante para seguir fortaleciendo el turismo aventura en nuestro país. Contar con estándares claros permite establecer certezas y responsabilidades para quienes desarrollan estas actividades, avanzar en mayores condiciones de seguridad y contribuir a una mejor calidad de los servicios. Todo esto impacta directamente en la experiencia de quienes practican turismo aventura y nos permite seguir avanzando hacia un sector cada vez más preparado y con mejores estándares”.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, hizo un llamado a participar activamente del proceso: “Queremos invitar a toda la ciudadanía y a quienes forman parte del turismo aventura a ser protagonistas de una instancia clave para el desarrollo de esta actividad en nuestro país. Hasta el 11 de octubre estará abierta esta consulta pública, una oportunidad para compartir observaciones, sugerencias y experiencias que contribuyan a construir normas que permitan fortalecer la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de nuestra oferta turística.

Un proceso que continúa

Esta consulta pública da continuidad al trabajo de actualización de las normas técnicas de turismo aventura, incorporando tres actividades no consideradas en el proceso anterior, que actualizó los estándares de 13 actividades e incorporó por primera vez el salto bungee. El trabajo se desarrolló entre octubre de 2024 y fines de 2025 con la participación de actores del sector público, la academia, gremios, prestadores turísticos y especialistas.

Con esta nueva etapa, el proceso avanza ahora en la actualización de las normas correspondientes a rafting, canotaje y deslizamiento sobre olas, incorporando nuevamente la participación de quienes cuentan con experiencia y conocimiento en estas actividades.

La consulta pública estará disponible entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre de 2026 en el sitio web www.consultapublica.cl del Instituto Nacional de Normalización (INN). Para resolver dudas sobre el funcionamiento de la plataforma está disponible el correo electrónico: normalizacion@inn.cl.

•            La instancia fue encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por el director (s) de Odepa, Claudio Farías. El encuentro permitió abordar los principales desafíos de la cadena y avanzar en una agenda de trabajo para el sector.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector arrocero nacional, se reunió la Comisión Nacional del Arroz, espacio que convocó a representantes de productores, industria, organismos públicos y actores vinculados a la cadena.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó la importancia de continuar este diálogo y avanzar en definiciones concretas para el futuro del sector.

“Creo que tenemos que partir de tres definiciones básicas: cómo aumentar la productividad del arroz, de qué manera podemos reducir los costos de producción y qué tipo de arroz está comprando la industria, considerando también qué tipo de arroz quiere consumir la población. A partir de ello, debemos mirar también cómo podemos llegar a distintos mercados internacionales y seguir avanzando en la agricultura de contrato.”

Por su parte, el director (s) de Odepa, Claudio Farías, relevó las particularidades del mercado nacional y la diferenciación entre los distintos tipos de arroz que se comercializan en el país.

“Respecto del precio del arroz, existe una diferencia persistente entre los precios del arroz japónico y el índico. El consumidor que compra arroz japónico lo hace valorando su calidad, incluso cuando su precio es mayor. Por ello, el arroz de menor precio no necesariamente desplaza al segmento del arroz japónico, que responde a una preferencia y a atributos de calidad apreciados por los consumidores”.

En Chile se produce principalmente arroz tipo japónica, de grano largo y ancho, mientras que una parte importante de las importaciones provenientes de Argentina y Paraguay corresponde a arroz tipo índica, de grano largo y fino.

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos de la realidad del sector, entre ellos la evolución del mercado del arroz, los costos de producción, la productividad, la comercialización y las oportunidades para avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.

La Comisión también abordó la importancia de fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica, considerando los desafíos que enfrenta el cultivo, especialmente en materia de disponibilidad de agua, costos de producción y necesidad de mejorar los rendimientos

Se identificaron brechas de información respecto de la compatibilidad de los vehículos enchufables con conector de carga GB/T, con la infraestructura de recarga pública disponible en el país, que representa el 5,6% del parque automotriz de electromovilidad con la infraestructura de recarga pública disponible en el país.

El rápido crecimiento y diversificación de este mercado plantea nuevos desafíos respecto de la información disponible para los consumidores.

Es fundamental que las empresas entreguen información clara, oportuna, completa, comprobable y fácilmente accesible a los usuarios de este tipo de automóviles.

Durante los últimos años, el mercado de los vehículos eléctricos ha ido en un fuerte aumento en el país, así lo demuestran las ventas de unidades 100% eléctricas (BEV), las cuales crecieron un 183,8% en 2024, acompañadas de una red pública que ya supera los 1.900 puntos de carga.

Es en este contexto, que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) elaboró un reporte técnico de monitoreo sobre el mercado automotriz de cero y bajas emisiones, donde se detectó problemáticas vinculadas a la compatibilidad de los sistemas de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

A partir de un caso particular reportado por un consumidor, respecto de incompatibilidad entre el tipo de cargador presente en el vehículo (GB/T), se identificó que este tipo de carga no era compatible con la carga rápida disponible en la red de electrolineras presentes en el país, dificultando su uso en carga rápida.

De acuerdo con el análisis realizado por SERNAC, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el problema se relaciona con la falta de información entregada al consumidor respecto de la compatibilidad del sistema de carga del vehículo con la infraestructura pública disponible en el país. Esta situación limitó las posibilidades de utilizar el automóvil en estaciones de carga públicas, restringiendo su uso prácticamente a la carga doméstica (carga lenta), y por ende al radio de autonomía diario del vehículo en términos de desplazamiento.

El caso resulta especialmente relevante considerando que, a diferencia de los vehículos convencionales, los eléctricos e híbridos enchufables dependen de una infraestructura de carga que debe ser compatible con las características técnicas del automóvil. Por ello, conocer previamente el tipo de conector, las alternativas de carga disponibles y dónde puede efectivamente cargarse el vehículo constituye información esencial para tomar una decisión de compra informada.

El reporte advierte que esta situación no constituye un desafío aislado, ya que el rápido crecimiento y diversificación de este mercado ha generado importantes asimetrías de información para los consumidores.

Esta brecha se evidencia claramente en la infraestructura nacional, ya que por ejemplo, los automóviles de carga lenta equipados con conector Tipo 2, que representan un 90,3% de la oferta del mercado automotriz, cuentan con una cobertura cercana al 100% en estaciones públicas que disponen de carga lenta (98,31%).

En cuanto a la carga rápida, los vehículos equipados con conector CCS Tipo 2 cuentan con una cobertura del 100% en las estaciones públicas que disponen de este tipo de carga. En contraste, los vehículos que utilizan el estándar GB/T, que registran una participación menor de 5,6%, carecen por completo de infraestructura pública compatible en el territorio nacional, situación que no estaría siendo informada al momento de la compra, por los proveedores.

A esto se suma la confusión en la comercialización de automóviles rotulados o publicados como "híbridos", y que en realidad corresponden a tecnología microhíbrida (MHEV), es decir, estos vehículos no cuentan con propulsión eléctrica autónoma ni son reconocidos como híbridos por la regulación chilena, induciendo a error sobre sus prestaciones reales.

En conclusión, es fundamental que las empresas que comercializan este tipo de vehículos entreguen información clara, completa y fácilmente accesible sobre las condiciones y alternativas de carga de cada modelo, incluyendo los tipos de conectores, compatibilidades, adaptadores requeridos y restricciones existentes. Esta información debe estar disponible antes de la compra, de manera que las personas puedan evaluar no sólo las características del vehículo, sino también su real posibilidad de uso de acuerdo con sus necesidades y con la infraestructura disponible.

Mediante la firma de este acuerdo, Caja 18 será parte del Plan Enlace, estrategia público-privada liderada por el Ministerio de Salud orientada a avanzar en la reducción del tiempo de las listas de espera de pacientes No GES afiliados a Fonasa.

La ceremonia que selló la alianza fue encabezada por May Chomali, ministra de Salud. También estuvieron presentes Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales; Cesar Oyarzo, director de Fonasa; Osvaldo Iturriaga, Gerente Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Caja 18; Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile y representantes de otras instituciones públicas y privadas que participan en el Plan Enlace.

Durante la actividad, la ministra Chomalí indicó que Plan Enlace busca alinear la capacidad de la sociedad civil y de las instituciones organizadas con las necesidades del país, desde un punto de vista sanitario. Agregó que con esta complementariedad se aumenta la capacidad de resolución que tiene el sistema de salud.

Por su parte, Osvaldo Iturriaga, Gerente Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Caja 18, sostuvo que “esta es una demostración más de nuestro compromiso como Caja 18 por contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados en un área tan sensible como es brindar atenciones de salud oportunas, aportando a disminuir el tiempo de listas de espera en atenciones que no son parte del GES, que son de alta demanda y que pueden marcar una diferencia enorme en el pronóstico y tratamiento de enfermedades”.

Tras la firma del convenio, Caja 18, Fonasa y el Ministerio de Salud identificarán a los potenciales beneficiarios y posteriormente se establecerá la forma en que podrán acceder al beneficio.