Un preocupante escenario ambiental enfrenta la Región de Aysén luego que el Informe Anual de Calidad del Aire 2025 de IQAir posicionara a Coyhaique y Cochrane entre las ciudades con mayores niveles de contaminación por material particulado fino (MP2.5) en América Latina y el Caribe.

El reporte reveló además que Coyhaique se ubica como una de las ciudades más contaminadas de la región, alcanzando niveles que superan entre 7 y 10 veces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que en Cochrane estas cifras exceden entre 5 y 7 veces los estándares internacionales.

A nivel país, Chile se posicionó en el lugar 54 entre 143 naciones analizadas, evidenciando un retroceso en comparación al año anterior en materia de calidad del aire.

Desde Greenpeace, la experta en Clima y Ecosistemas, Silvana Espinosa, advirtió que esta situación representa un riesgo directo para la salud de la población, especialmente en zonas del sur donde factores como la quema de leña para calefacción y cocina, el transporte y los incendios forestales inciden directamente en la contaminación.

Pese a este complejo panorama, el informe también destaca que Chile cuenta con una de las redes de monitoreo de calidad del aire más robustas de América Latina, con 72 estaciones operativas en el país.

Asimismo, desde la organización ambiental cuestionaron decisiones recientes en materia de políticas públicas, advirtiendo que podrían debilitar los instrumentos de gestión ambiental y agravar el problema en el tiempo.

A nivel global, solo el 14% de las ciudades cumplen con las directrices de la OMS, en un contexto donde los incendios forestales —impulsados por el cambio climático— han intensificado la crisis de contaminación atmosférica.

El tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y ratificó la sentencia contra el acusado, quien atacó a la víctima con un arma blanca en 2021.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la condena de 6 años de presidio efectivo en contra de Pablo Esteban Lagos Núñez, declarado autor del delito de homicidio frustrado, cometido en mayo de 2021 en la comuna de Puerto Cisnes, Región de Aysén.

En fallo unánime (causa rol 332-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Pedro Castro, el fiscal judicial Juan Patricio Silva y el abogado (i) Marcos Gallegos– rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, descartando la existencia de vicios en la sentencia dictada previamente.

“Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que el Tribunal (…) aplicó en forma correcta el derecho penal y no se denota vicio que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, consigna la resolución.

De esta manera, el tribunal resolvió mantener la sentencia dictada el 31 de julio de 2023, estableciendo que “se declara sin lugar y se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad”, confirmando tanto el fallo como el juicio en que fue dictado.

Los hechos se remontan a la madrugada del 16 de mayo de 2021, cuando al interior de un domicilio en Puerto Cisnes, el condenado atacó a la víctima con un arma blanca, propinándole tres heridas en zonas torácica, lumbar y abdominal.

Las lesiones fueron calificadas como graves y, según estableció el tribunal, de no mediar atención médica oportuna, habrían provocado la muerte de la víctima.

Con esta resolución, la Corte de Coyhaique deja firme la condena, cerrando una etapa judicial del caso y ratificando la responsabilidad penal del acusado por un delito de alta gravedad ocurrido en la Región de Aysén.

Un contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó sin efecto la desvinculación de un docente en la Región de Aysén, ordenando su inmediata reincorporación tras establecer que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) actuó de manera ilegal y vulneró derechos constitucionales.

En decisión dividida (causa rol 26-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza, José Ignacio Mora Trujillo y Luis Aedo Mora– acogió el recurso de protección presentado por el profesor Víctor Hugo Bravo Vargas, ordenando la renovación de su contrata para el año académico 2026.

El fallo apunta directamente al actuar del SLEP Aysén, señalando que la no renovación del contrato fue arbitraria y vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, al no existir una fundamentación adecuada en comparación con otros funcionarios en la misma situación.

“Se infringe el derecho a la igualdad ante la ley (…) al ser discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados contrata”, sostiene la resolución, que además advierte una grave afectación al derecho de propiedad del docente.

El tribunal también estableció que el profesor cumplía funciones de manera continua por más de ocho años —primero bajo la Municipalidad de Coyhaique y luego bajo el SLEP—, lo que configura el principio de confianza legítima, reforzando su derecho a la continuidad laboral.

En esa línea, la sentencia fue categórica al señalar que la decisión del servicio lo privó de forma ilegítima de sus remuneraciones. “Se ha vulnerado el derecho de propiedad (…) desde que priva de manera ilegítima a la recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho”, indica el fallo.

Con estos antecedentes, la Corte ordenó dejar sin efecto las resoluciones emitidas en diciembre de 2025 por el director ejecutivo del SLEP Aysén, Sebastián González Rogers, y dispuso la renovación inmediata de la contrata del docente, con sus respectivas horas y funciones para el año académico 2026.

La decisión no fue unánime y contó con el voto en contra del ministro Luis Aedo Mora.

El fallo marca un precedente relevante en materia laboral dentro del sistema de educación pública, al reforzar el principio de confianza legítima y la obligación de los servicios de fundamentar adecuadamente sus decisiones administrativas.