Un contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó sin efecto la desvinculación de un docente en la Región de Aysén, ordenando su inmediata reincorporación tras establecer que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) actuó de manera ilegal y vulneró derechos constitucionales.

En decisión dividida (causa rol 26-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza, José Ignacio Mora Trujillo y Luis Aedo Mora– acogió el recurso de protección presentado por el profesor Víctor Hugo Bravo Vargas, ordenando la renovación de su contrata para el año académico 2026.

El fallo apunta directamente al actuar del SLEP Aysén, señalando que la no renovación del contrato fue arbitraria y vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, al no existir una fundamentación adecuada en comparación con otros funcionarios en la misma situación.

“Se infringe el derecho a la igualdad ante la ley (…) al ser discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados contrata”, sostiene la resolución, que además advierte una grave afectación al derecho de propiedad del docente.

El tribunal también estableció que el profesor cumplía funciones de manera continua por más de ocho años —primero bajo la Municipalidad de Coyhaique y luego bajo el SLEP—, lo que configura el principio de confianza legítima, reforzando su derecho a la continuidad laboral.

En esa línea, la sentencia fue categórica al señalar que la decisión del servicio lo privó de forma ilegítima de sus remuneraciones. “Se ha vulnerado el derecho de propiedad (…) desde que priva de manera ilegítima a la recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho”, indica el fallo.

Con estos antecedentes, la Corte ordenó dejar sin efecto las resoluciones emitidas en diciembre de 2025 por el director ejecutivo del SLEP Aysén, Sebastián González Rogers, y dispuso la renovación inmediata de la contrata del docente, con sus respectivas horas y funciones para el año académico 2026.

La decisión no fue unánime y contó con el voto en contra del ministro Luis Aedo Mora.

El fallo marca un precedente relevante en materia laboral dentro del sistema de educación pública, al reforzar el principio de confianza legítima y la obligación de los servicios de fundamentar adecuadamente sus decisiones administrativas.